La edad de la inocencia
Cuando
el gobernador Daniel Scioli salió a pedir la baja de imputabilidad para
menores fue temerario: habló de hasta 12 años. Después lo enmendó su
propio ministro de Justicia, Ricardo Casal, que dijo 14. Pasados los días,
Scioli mejoró un poco el discurso y habló de bajar la edad dentro de la
Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, pero dejó la sensación de que no
sabía que actualmente rige en la provincia de Buenos Aires una normativa
con un fuero especial y con defensores oficiales para tratar los casos de
delitos penales cometidos por menores de 18 años.
La nueva normativa establece que a partir de los 16 es imputable un chico
que delinque, pero con la salvedad de que el tratamiento no puede ser el
encierro en una prisión de adultos. Fija, para casos extremos, un máximo
inicial de 180 días con privación de libertad y dispone de una cantidad de
recursos para dar contención y tratamiento a los chicos o chicas que
cometen delitos.
Toda esta introducción es importante y requeriría un tratamiento más
exhaustivo. El tema lo merece porque la escena informativa en el tema
menores y delincuencia está saturada de un discurso vacío: "Los pibes
entran por una puerta y se van por la otra". Esa frase hecha –maliciosa y
mentirosa– parece suficiente como para dar por cerrado un tema complejo y
que requiere políticas públicas a tono con las leyes internacionales y
para ello hay que tener funcionarios competentes y que cuenten con
presupuestos acordes.
Martha Arriola fue, hasta el fin de semana, la subsecretaria de Niñez y
Adolescencia de la provincia de Buenos Aires. Renunció y concedió una
larga entrevista a La Nación. No parece ser una decisión feliz darle una
nota al diario que más ataca al Gobierno.
Pero la pregunta de fondo es: ¿hay un convencimiento sobre los temas de
niñez en riesgo que abarquen desde la prostitución infantil hasta el
trabajo de los chicos, pasando por la existencia de cientos de miles de
pibes que nunca vieron trabajar a sus padres?
La respuesta es no. Porque la decisión de instalar el debate de la
imputabilidad por parte de Scioli fue de la mano de la muerte del
ingeniero Ricardo Barrenechea en una causa donde todo está mal hecho. Tan
mal hecho, que el fiscal del juzgado no dio curso al fuero de
responsabilidad penal juvenil para detener a los –supuestos– responsables
del crimen.
Además, los incriminados denunciaron torturas. Es decir, por graves
defectos procesales es posible que la familia Barrenechea se entere de que
los acusados no van a ser juzgados. Con un agregado alarmante: las
autoridades bonaerenses informaron de "la fuga" de un joven imputado. Es
altamente sospechoso que habiendo tantas irregularidades, este chico haya
podido escapar. Algunos recuerdan "las fugas" inventadas en la época de la
dictadura.
Niñez en Buenos Aires. La estructura con que contaba Arriola era tan
pequeña que ayer reveló –en diálogo con Víctor Hugo Morales– que hasta una
de sus directoras no cobraba el sueldo desde que la nombraron.
El desafío de esa funcionaria no era pequeño: sólo respecto de la Ley de
Responsabilidad Penal Juvenil tenía que poner en marcha una cantidad de
mecanismos de contención –a través de convenios con fundaciones y ONG,
como por cuenta del mismo estado provincial– que significaban acrecentar
el Presupuesto de modo muy importante. Tratar a un adicto, dar una
contención de redes sociales, encontrar mecanismos para que un pibe chorro
vuelva a la escuela, requiere de mucha gente y de mucha plata.
La política de Estado está para asegurar que los recursos acompañen las
leyes. Pero con la niñez, sin duda la normativa va por un lado y el dinero
público va por otro. Parece mentira que no hayamos caído en la cuenta de
que el neoliberalismo creó un terremoto en la niñez pobre y que las
políticas están a cargo de ONG que, no siempre, reciben las partidas
presupuestarias.
Con los cambios de paradigmas –menos represivos y más contenedores– se
produjo una gran paradoja en la provincia de Buenos Aires. Hasta hace dos
años, en los institutos de menores, había 10.000 menores. Lo tremendo es
que el 90% estaban por las llamadas causas asistenciales –pobreza,
básicamente– y sólo el 10% tenía problemas penales.
La desjudicialización de la pobreza hizo que muchos de esos pibes fueran
de nuevo a sus casas, a hogares sustitutos o de tránsito o a ONG que los
acogieran para su reinserción social. Atención a lo siguiente: el costo
por cada pibe en un instituto es tres veces mayor que el asignado –en
promedio– para su reinclusión. Con una agravante: son muchos los empleados
de esos institutos –cuasi carcelarios– que no quieren reconvertir sus
obligaciones, en otras aptas para las nuevas normativas.
Entonces, la provincia de Buenos Aires gasta plata en funcionarios que
–por burocracia, por intoxicación cultural, por mentalidad represiva o por
lo que fuera– no actúan en la dura lucha por sacar a muchos pibes de los
conflictos que tienen. Pero gasta poca plata o prefiere ningunear las
estructuras que permitan hacer eficaz las nuevas normas.
Por suerte, Juan Carr y su Red Solidaria, que ganaron prestigio no sólo
entre los pobres sino entre los sectores acomodados y tienen muy buena
relación con jueces y obispos, salieron a rechazar la idea de bajar la
edad de imputabilidad como un recurso magnífico.
Bonaerenses, a las cosas. Para lograr que un pibe enganchado en el robo
vuelva a una vida normal, hacen falta una mística y una voluntad a toda
prueba. En esto no cabe el resultadismo: el mismo Carlos Bilardo, padre
del resultadismo, se había comprometido hace un año a llevar el deporte a
las villas, a los más desprotegidos. Se fue a la Selección y no dejó nada.
Eso sí: se va con la gloria.
Martha Arriola, que venía de años de sacrificio en los temas de seguridad
comunitaria, y que trabajó un año en el cargo a destajo, se tiene que ir
por la puerta de atrás.
Parece cosa de chicos. Y no lo es. Quizá por ello, lo más fácil sea
echarle las culpas a los pibes. Como si nacieran de un repollo.
