“…Hasta cuándo estaremos esperando lo que
no se nos debe…Y en qué recodo estiraremos
nuestra pobre rodilla para siempre! Hasta cuándo
la cruz que nos alienta no detendrá sus remos.
Hasta cuándo la Duda nos brindará blasones
por haber padecido…
Ya nos hemos sentado mucho a la mesa, con la amargura de un niño
que a media noche, llora de hambre, desvelado…
Y cuándo nos veremos con los demás, al borde
de una mañana eterna, desayunando todos.
Hasta cuándo este valle de lágrimas, a donde
yo nunca dije que me trajeran…”
César Vallejo
“La cena miserable”

“…La esperanza tan dulce
tan pulida tan triste;
la promesa tan leve no me sirve.
No me sirve tan mansa
la esperanza.
La rabia tan sumisa
tan débil tan humilde;
el furor tan prudente
no me sirve.
No me sirve tan sabia
tanta rabia…”
Mario Benedetti
“Me sirve y no me sirve”

La metáfora es sin duda un instrumento imprescindible para la construcción de representaciones de la realidad; fundamentalmente aquellas comprometidas con la búsqueda de la verdad, o lo que es lo mismo, con una descripción de la realidad “ajustada” a lo que la realidad es. La metáfora resulta ampliamente justificada en aquellos casos en que surge en el plano de nuestros conocimientos una nueva realidad a la que hay que darle un nombre. En estos casos es necesario echar mano al repertorio de lenguaje disponible. Si el bagaje de conceptos de nuestro lenguaje disponible resulta limitado a la hora de describir una realidad, debemos intentar comprenderla a partir de metáforas provenientes del lenguaje ordinario fundado en el sentido común.
Una metáfora recorre de forma persistente el discurso del Presidente de la Nación Néstor Kirchner: la referencia al “Infierno”; para significar el estado de catástrofe de nuestro país, provocado por la implantación de políticas liberales durante las últimas décadas, y que desencadenara la furia popular en los acontecimientos históricos de Diciembre de 2001, con el consecuente cuestionamiento a la legitimidad representativa de la dirigencia política. Recientemente; en el acto conmemorativo por el ciento cincuenta aniversario de la Localidad de San Justo, el Presidente, insistió una vez más, en que "el 10 de diciembre de 2007 cuando me toque terminar mi mandato, le pueda decir al pueblo argentino que estamos golpeando las puertas del purgatorio y que hemos salido del infierno".

La realidad en el “Infierno”
El “infierno” alcanza sus profundidades más inhóspitas con la devaluación de Enero de 2002; en la cual en escaso término de tiempo el peso es devaluado en un trescientos por ciento. Efectuar un balance con lo ocurrido con los precios y los ingresos desde la devaluación a la fecha, es revelador del estado de cosas que se ha desencadenado en el “infierno”; y a su vez determinar si la tendencia actual nos conduce hacia el purgatorio, o bien hacia el acostumbramiento y consolidación en uno de los tantos estratos del infierno. En otras palabras; dilucidar cuáles son las situaciones y los hechos concretos que definen a la realidad que intenta ser representada a partir de la construcción metafórica.
Para empezar; es necesario dejar claramente establecido que a las grandes empresas locales y extranjeras les fueron pesificadas sus deudas con el sistema financiero local y se les otorgó privilegios impositivos. Con estas facilidades, unas 139 firmas de esos grupos económicos -entre otras, Repsol, Techint, Pérez Companc, Fate, Ford, Arcor, Pescarmona, Fiat, Renault, Acindar, Bridas, Soldati, Yoma, Telefónica, Telecom, Roggio, Roemmers, Macri, Fortabat, Eurnekian o el Grupo Clarín- recibieron subsidios por montos que rondan los 12.000 millones de dólares. A los bancos se les pagó una compensación de otros 12.000 millones de dólares por la pesificación asimétrica - diferencia del valor entre un peso un dólar que recibían por los créditos y 1.40 pesos a pagar por los depósitos- y se les permite continuar administrando el rentable negocio de los fondos de pensión. En los hechos, el Estado se hizo cargo una vez más de las deudas y compromisos de las empresas y bancos más concentrados: ante la negativa a reconocer las deudas en dólares de sus filiales por parte de las casas matrices de los bancos extranjeros -haciendo caso omiso del haber recibido de ellas beneficios extraordinarios por las altas tasas de interés en pesos/dólares durante una década- se tomó esa decisión de compensarlos; pero a los ahorristas y depositantes se les entregaron bonos a cobrar en diez años.

La devaluación -que permitió hacer viable la producción en el país, al caer los costos internos en dólares manteniendo bajos los salarios- y el efecto rebote por la caída del PBI durante el año anterior, habilitaron un crecimiento del 8.8% en el 2003 y del 9% en el 2004, con cifras poco inferiores previstas para el 2005. Este crecimiento se dio en una etapa en la cual, al estar en default, no se obtuvieron créditos externos pero tampoco se fugaron capitales; evidenciando que el problema argentino no es atraer divisas del extranjero, sino evitar el desangramiento de sus recursos. Para fomentar este crecimiento no se trazaron políticas innovativas, dado que los costos internos favorecieron en forma espontánea entre el 2003 y el 2004 una recuperación en construcción (26%); comercio (13%); transporte y comunicaciones (11.8%); e industria (10.8%), siendo la construcción el sector que concentró más del 60% de la inversión bruta. El auge de los precios de exportación de combustibles y soja transgénica permitieron alcanzar un superávit fiscal mayor al esperado, a causa del ingreso por retenciones y a una mayor recaudación impositiva. Pero también porque, a través de la devaluación y la inflación, tanto el gobierno nacional como las provincias pudieron licuar los pagos de salarios, jubilaciones y subsidios sociales del sector público, que bajaron en términos reales como venían reclamando los neoliberales. El descenso real del gasto público en educación, salud y seguridad social -que cayó en un 29%- explica más de la mitad del superávit fiscal exhibido por el gobierno en los años 2003 y 2004, con una tendencia casi sin variaciones para el 2005. Al profundizar la distorsión de los precios relativos, estas decisiones agudizaron la polarización social en el país: entre el 2002 y el 2004 la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de los argentinos se incrementó hasta 30 veces, mientras en la Capital Federal la brecha llegó a 50: en 1974 esa distancia era en Argentina de 12; en la actualidad en Suecia es de 6.1 y en Japón de 7. En el 2004 la participación de los trabajadores en porcentaje del PBI descendió al 21.5% y en el 2005 al 20% -la más baja de la historia- cuando en el 2001 era del 27.9% y en 1974 del 49%. (Alcira Argumedo)

La inflación registrada desde la devaluación es del 84 por ciento. Los sectores de la economía ligados a la producción de bienes transables (exportables) y de consumo popular, son los que más posibilidad tuvieron de subir sus precios; y por lo tanto continuar la concentración de la renta, aumentando su capacidad de producción. Ello, sucedió en desmedro de los sectores medios y bajos y en beneficio de los sectores de mayor poder adquisitivo; de ahí que los índices de mayor consumo que efectivamente se vienen registrando se concentren en los estratos más altos de la pirámide social por el consumo de bienes suntuosos, para ir “goteando” hacia los estratos sociales inferiores.
Lo cierto es que la canasta básica alimentaria, que establece la línea de indigencia, subió 110 por ciento y la canasta básica total que fija la frontera de la pobreza, lo hizo en un 86 por ciento. Destacando que el rubro alimentos y bebidas aumentó casi un 112 por ciento, con productos como la carne que trepó un 146 por ciento.
Contrastando esto desde la perspectiva de los ingresos, los datos de la realidad del “infierno” nos indican que los empleados públicos, los trabajadores en negro (aproximadamente 5 millones de trabajadores) y los jubilados sufrieron una fuerte caída de su poder de compra; quedando todos muy por debajo del 84 por ciento del índice de precios al consumidor.
Un caso saliente de ganadores netos del “infierno” es el del petróleo crudo y gas, cuyos productores se beneficiaron por el incremento de los precios internacionales. Desde la devaluación, esos productos aumentaron un exorbitante 572 por ciento. Esta claro entonces, que el “infierno” no lo habitan todos por igual; las petroleras se encuentran a buen resguardo habitando un paraíso celestial, y máxime si contabilizamos que recientemente han sido sorpresiva y bochornosamente subsidias mediante la aprobación meteórica de un proyecto de ley, por aproximadamente 5 mil millones de pesos.
Los datos oficiales correspondientes al pasado mes de Agosto, mostraron que mas de 12 millones de ciudadanos se encuentran en estado de pobreza, es decir; más de un 30 por ciento de la población; y que son mas de 4 millones los ciudadanos indigentes por no alcanzar los 391 pesos en los que está valuada la canasta básica de alimentos.
Estos datos deben ser a su vez contrastados con el valor de los bienes alimentarios y no alimentarios que necesitan los hogares para cubrir su subsistencia; esto es; $ 1732.- mensuales; lo que equivale al doble del costo de la canasta básica que informa el Indec.
En perspectiva, puede afirmarse que tanto la pobreza como la indigencia si bien son ahora menores a las registradas en 2001/2002; siguen siendo muy superiores a las de 1998, cuando comenzó la última fase recesiva del régimen liberal.
En nuestro país; casi 5 millones de menores de 14 años son pobres, y de ese total 2 millones viven en familias indigentes por no contar con los ingresos suficientes para adquirir los alimentos básicos. En total, los menores de 14 años suman más de 10 millones y más del 45 % vive en hogares pobres. Más de la cuarta parte de los niños pobres – mas de 1 millón trescientos mil – viven en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Estos son datos oficiales, difundidos por el INDEC, y corresponden al primer semestre del 2006.
Si bien en términos absolutos y en relación al último semestre del 2005; la pobreza infantil bajó del 49,5 % al 46,3 % en seis meses, lo que equivale a 325000 menores pobres menos; sin embargo y al focalizar la atención sobre los 28 aglomerados que revela el INDEC, la pobreza infantil aumentó en la Ciudad de Buenos Aires, donde hay 114000 menores pobres, cuando 6 meses atrás sumaban 99000 y un año atrás 103000. En la Ciudad de Buenos Aires la pobreza infantil alcanza al 14 % y en el Gran Buenos Aires al 48,3 %.

De tal forma el “infierno” golpea con dureza y selectivamente a los otrora “únicos privilegiados”. Mientras la pobreza golpea a 3 de cada 10 argentinos, la proporción entre los chicos es mayor: 5 de cada 10 menores son pobres.

Modelo, régimen y Reproducción Social
Los datos oficiales marcan que, la pobreza se redujo del 38 % al 31 %; principalmente en la segunda mitad del año 2005, desacelerándose sustancialmente ese descenso en el primer semestre del 2006. Esta “foto estadística” de la situación social, es refrendada a diario por la difusión de indicadores que intentan instalar la sensación de una vuelta al consumo masivo, con el aumento de ventas en supermercados y shoppings, récord en despacho de automóviles, aire acondicionado y cualquier otro electrodoméstico. En este sentido; la idea-fuerza de un “capitalismo serio” sostenida e impulsada por el Gobierno Nacional, supone para esta fase de su desarrollo, la existencia de un proceso que se expande motorizado por la ampliación de la masa salarial a partir del aumento del empleo y salarios; y también por el incremento de las jubilaciones y pensiones y la mayor capacidad de endeudamiento. Desde esta visión, nos ilustra el último informe “Coyuntura y Desarrollo” elaborado por los economistas de FIDE, Héctor Valle y Mercedes Marcó del Pont. El mismo hace eje en que la actual “onda expansiva” es diferente a la de los noventa, que era espasmódica e hipersensible a los vaivenes de los mercados financieros internacionales. En síntesis; se intenta explicar, que el Gobierno alimenta sin prejuicios un dinamismo del consumo, incentivado mediante el aumento de los ingresos de la población; lo que genera gasto que a su vez genera recaudación, cerrándose este renovado “círculo virtuoso” con cuentas fiscales más que aliviadas.
Ahora bien; esta “expansión” del consumo masivo que se expresa en un determinado esquema de negocios, es una modalidad que adopta un régimen de desarrollo económico en determinado lapso de tiempo. Es decir; un aspecto es el patrón de acumulación, distribución y asignación de recursos y otra qué clase de régimen de desarrollo económico es sostenido y fomentado. La matriz de acumulación, distribución y asignación de recursos se define en un conjunto de actividades comerciales, económicas y financieras que de forma hegemónica predominan en el funcionamiento de la vida económica de una nación. En otro sentido; un régimen de desarrollo económico se define por un conjunto de relaciones sociales, jurídicas, económicas y culturales; y fundamentalmente por la intervención activa del Estado; determinando de ese modo la reproducción social de un sistema.
Esta diferencia es importante a fin de determinar que la megadevaluación de 2002 ha producido un cambio en la matriz de acumulación, distribución y asignación de recursos. Cambio que, en sí mismo, no cuestiona y respeta el mantenimiento de un régimen de desarrollo concentrador, exógeno y extranjerizante, es decir; el régimen que define en su esencia al “infierno” y su reproducción social.
El concepto de Reproducción Social expresa lo que realmente ocurre en la vida, pues lo social es un conjunto concatenado de actividades que ocurren en un espacio de altísima complejidad que sólo es comprensible en su interrelación con un territorio determinado…El proceso social es fundamentalmente cultural y envuelve tanto lo político como lo económico, lo social, lo jurídico y los otros planos de abstracción que queramos construir para adentrarnos mejor en la dinámica de la Reproducción Social. Esos planos no son sólo construcciones sociales para tratar de analizar y comprender, pero en la vida real todo está interrelacionado y es interdependiente: es el mundo de la complejidad. Para pensar los sistemas sociales como procesos vivos, es necesario comprender la interdependencia. Para ello se requiere pasar de la percepción cartesiana al pensamiento sistémico: de las partes al todo, de objetos a relaciones, de contenido a patrón. El Pensamiento Sistémico es un cambio de tomar medidas a trazar mapas, de penetrar en la cualidad de los fenómenos en lugar de tratar de cuantificarlos. En el fondo el pensamiento sistémico es un pensamiento contextual, un cambio de las partes al todo y de los objetos a los patrones. (“Sistema Capitalista Mundial y Polo de Poder Latinoamericano”. José Luis Pacheco Simanca. Diciembre 2004.).

Leyes en el “Infierno”
Como es sabido, la ley de Presupuesto Nacional es una herramienta de importancia sustancial al momento de incidir en las tendencias que definen; tanto la matriz de distribución y asignación de recursos, como el perfil para el largo plazo de un régimen de desarrollo económico.
Si esto es así; el proyecto de ley de Presupuesto Nacional para el año 2007 es francamente un serio obstáculo para escapar de los territorios de Lucifer y sus laberintos.
Veamos. El presupuesto 2007 prevé exenciones impositivas por más de 11 mil millones de pesos; esto es un 12 % más que el del año anterior; y los más pobres siguen pagando sobre su canasta de consumo –en su mayoría alimentos- la misma alícuota del IVA que los mas ricos.
Entre otras medidas adoptadas, sin duda sobresale la decisión de eximir del pago del impuesto a las ganancias a las rentas obtenidas por los intereses que devengan los títulos públicos, así como los intereses cobrados por depósitos a plazo en entidades financieras, y la compraventa de títulos y acciones. Según el proyecto de ley del Presupuesto Nacional, por estos conceptos el Estado dejará de recaudar más de 1500 millones de pesos. En realidad esta decisión es un buen ejemplo de cómo la dirigencia política a través del Estado reparte premios y castigos, enviando señales al conjunto de la sociedad: una persona que vive de rentas, percibiendo 100 mil pesos anuales de intereses en plazo fijo, no paga ni un centavo de impuestos a las ganancias; en cambio un trabajador con un salario de 3000 pesos queda capturado por ese tributo.

En el Presupuesto 2007 no hay previsto cambios en el mínimo no imponible, aunque el poder de compra del salario o del ingreso no haya mejorado como corresponde. Tampoco se prevé incrementar la base sobre la que se abona el Impuesto a los Bienes Personales, a pesar de que no fue actualizado por la inflación o la suba nominal de los salarios.

A fines de la década de los noventa un empleado con familia tipo que obtenía ingresos equivalentes a 11 veces y media el salario mínimo, vital y móvil no pagaba el impuesto. En el 2006 un empleado que recibe ingresos equivalente a sólo 3 veces y media el salario mínimo vital y móvil ya queda alcanzado por el tributo.

Entonces, cada retoque nominal de los salarios, aunque apenas compense la suba inflacionaria, obliga al trabajador a cumplir y abonar más Ganancias.

Mientras tanto, la plaza financiera está de "fiesta" por el boom de cotización de los bonos públicos y las acciones. El Gobierno festeja los récord financieros, sin que se le ocurra captar una parte de la renta financiera con fines distributivos par ir paliando la tremenda desigualdad social.

La única respuesta por el momento escuchada desde las oficinas habitadas por la Señora Ministro de Economía de la Nación es que se ajustará el mínimo no imponible según la evolución de la recaudación. Sin embargo la recaudación depende de factores que nada tienen que ver con la imposición a los asalariados. El mínimo no imponible se debe ajustar por la inflación para que tenga un efecto neutro sobre el poder de compra del salario, al margen de la recaudación.

En cambio, los ingresos públicos podrían mejorar gravando la renta financiera, que viene creciendo muy por encima de la inflación. La falta del ajuste por inflación hace más inequitativa una política impositiva ya de por sí regresiva. Y a través de mecanismos extras —como el proceso inflacionario— el Gobierno pasa a apropiarse de una parte significativa de la renta de los trabajadores.
En esta misma tendencia se inscribe la decisión de eximir del impuesto a los bienes personales a los depósitos en entidades financieras y la tenencia de títulos públicos; por lo que el Estado resigna de recaudar otros 125 millones de pesos anuales.
Increíblemente todavía se sostiene en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el año 2007 la reducción de los aportes patronales dispuesta por Menem – Cavallo, bajo el absurdo pretexto de estimular la creación de empleo. Esta decisión significa una transferencia de recursos por parte de las arcas estatales (parte importante en salario diferido de los trabajadores) a manos de los empresarios por una suma de más de 1800 millones de pesos al año.
También se sostiene la desgravación instrumentada por Cavallo en 2001 mediante la devolución parcial del IVA para las compras con tarjetas de crédito y débito, que representan una resignación de recursos por parte del Estado a favor de los sectores medios y medios altos por un total de casi 900 millones de pesos.
En resumidas cuentas; estamos ante un piso de 5500 millones de pesos en concepto de desgravaciones, que en realidad actúan de subsidio para los sectores más altos de la pirámide social, en resguardo de la renta financiera parasitaria; y en desmedro de la calidad de vida de la inmensa mayoría de la población.
Si a ello le agregamos los subsidios entregados al sector privado en concepto de “regímenes promocionales”; la renta que todavía siguen capturando las AFJP; más otros subsidios entregados a empresas ligadas al ramo del transporte; como afirma el actual Diputado Nacional y economista de la CTA, Claudio Lozano “el presupuesto 2007 asignará 51.700 millones de pesos en concepto de deuda pública y transferencias al capital privado y a los sectores más acomodados de la población. Es decir, una cifra equivalente al 51% del gasto de la Administración Nacional”.

La contracara del “Infierno” o los condominios del “Paraíso”
Días pasados el Senado de la Nación aprobó un proyecto clave para definir aspectos sustanciales de un régimen de desarrollo y su Reproducción Social. La iniciativa, que amplía las zonas de exploración y explotación petrolera, establece quince años de incentivos para las empresas que presenten nuevos proyectos que van desde beneficios para la compra de bienes de capital hasta desgravaciones tributarias.
Contempla la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las inversiones de bienes de capital que realicen las empresas petroleras y habilita a que los gastos realizados en la etapa de exploración y explotación se amorticen en tres cuotas iguales.
La empresa estatal Enarsa deberá formar parte en asociación de los permisos de exploración y la posterior concesión de explotación. Se habilita además a los titulares de los permisos de las concesiones a no abonar el impuesto a la ganancia mínima presunta y a eximir del pago del derecho de importación.
La norma exigirá también a los potenciales beneficiarios de la política de promoción asociarse con la empresa pública de energía Enarsa, como requisito para obtenerlos, aunque se establecería que podrá no hacerlo cuando exista una razón fundada para ello.
Los beneficios regirán a partir de la promulgación de la ley y por cinco años para áreas situadas en la plataforma continental, cuatro años para cuencas sedimentarias sin producción y tres si tienen producción.
De acuerdo con el proyecto, la autoridad de aplicación podrá extender esos períodos por un máximo equivalente a la mitad del plazo establecido para cada categoría, y el cupo fiscal total de los beneficios se fijará anualmente en la respectiva ley de Presupuesto Nacional.
Las petroleras se encuentran entre las empresas más rentables del mundo, y con esta norma van a aumentar las ventajas impositivas que pagará el conjunto del pueblo argentino. Todo por el "favor" que nos hacen de explotar un recurso que se cotiza a casi 60 dólares por barril.
Producir un barril de petróleo en Argentina cuesta 7,9 dólares en promedio. La diferencia entre el costo y el precio de venta es conocida como renta petrolera. Todas las naciones se quedan en mayor o menor medida con parte sustancial de esa renta. Por ejemplo, México retiene toda la renta de su crudo; en Venezuela, el fisco retiene el 63 por ciento, y en Ecuador, el 47 por ciento.
Párrafo aparte merece la situación en Bolivia, a partir de la firma del Decreto Supremo Nº 28701 el pasado 1º de Mayo del presente año por Evo Morales, que dispusiera la nacionalización de los recursos naturales hidrocarburíferos y la recuperación por parte del Estado Boliviano de la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de dichos recursos.
Hubo entonces presagios catastrofistas: Se escucharon análisis políticos afirmando; que Evo Morales se había equivocado en la oportunidad para tomar tal decisión, básicamente por el marco de relación de fuerzas adversas y que las empresas petroleras extranjeras pronto harían tronar el escarmiento. Incluso; hasta cierta “progresía” para-estatal, llegó a atribuir semejante “torpeza” a la falta de experiencia y formación de -al fin y al cabo- un indígena desprovisto de “los saberes” del poder y desde ya incapaz de actuar desde la “ética de la responsabilidad”.
Nada parecido sucedió. Por el contrario; hace algunas semanas, y a punto de fenecer el plazo de 180 días otorgado por el Decreto para que las petroleras acepten las nuevas condiciones, bajo apercibimiento en caso contrario de ser expulsadas del país; esas empresas aceptaron la mayoría de las nuevas reglas de juego propuestas. Como consecuencia de ello se ha revertido a favor del Estado y Pueblo Bolivianos el 82 % de la riqueza generada por sus recursos naturales hidrocarburíferos, revirtiendo literalmente dichas proporciones. Es que a falta de oportunidades para continuar el saqueo; no es nada despreciable para estas empresas hacer buenos negocios para la obtención de una prudente y seria renta empresaria.
En cambio, Argentina perdió de ganar más de 17000 millones de dólares de renta petrolera entre 1999 y 2004 y se constituyó en el país de la región que menos beneficios obtuvo de las ganancias generadas por este vital recurso.
Mientras tanto en el “paraíso”; la petrolera extranjera Repsol obtuvo un beneficio de 2651 millones de euros durante los nueve primeros meses del año 2006, lo que supone un incremento del 3,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
El resultado de las operaciones se incrementó un 5,5%, hasta 5.066 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación se situó en 7.135 millones de euros, un 7% más sobre el mismo periodo de 2005.
Repsol registró un beneficio neto en el tercer trimestre de 2006 de 869 millones de euros. La producción en el trimestre alcanzó 1.128.100 barriles, un 2,5% inferior a la del tercer trimestre de 2005, debido a la migración en Venezuela de los convenios operativos a empresas mixtas a partir del mes de abril y a una menor producción en Argentina.
El presidente de Repsol, el español Antonio Brufau, ratificó hace pocos días que la petrolera seguirá invirtiendo en la Argentina, aunque recientemente llevó a cabo inversiones fuertes fuera de la región, como la compra de reservas de petróleo y gas en Estados Unidos y en exploraciones en el norte de Africa. “Repsol-YPF, como empresa argentina, invertirá pase lo que pase”, dijo Brufau y aclaró: “No nos consideramos una empresa extranjera”.
Las palabras huelgan.
En realidad esto debiera ser asumido sin sorpresa alguna, sin la intención de ofender a nadie y como un dato de la realidad –sea desde una visión oficialista, opositora, crítica o indiferente-, puesto que el actual Presidente Néstor Kirchner, si bien se había enfrentado a Menem en los últimos años de ese gobierno; en su momento apoyó decididamente las privatizaciones –en especial la de YPF- y consolidó un fuerte compromiso con los grupos petroleros y en especial con Repsol. Cuando más tarde el presidente Eduardo Duhalde impuso retenciones de un 20% a las exportaciones de petróleo y gas, como modo de obtener ingresos para paliar la crisis, el gobernador Kirchner junto a Juan Carlos Romero de Salta y Jorge Sobisch de Neuquén hicieron lobby de forma pública y notoria en favor de esas empresas, tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo, con el fin de anular la decisión. (Pasquín Durán, José María:”Retenciones” en Página 12, 9 marzo 2002).

Luego de haber llegado al autoabastecimiento en 1988 y de sumarse al grupo de países exportadores en 1992, Argentina se encamina ahora a ser un importador neto de petróleo en un plazo que se estima en no más de dos y tres años. Si se mantuviera la situación actual, caracterizada por la caída de la producción y el aumento del consumo interno de los combustibles, la pérdida del autoabastecimiento petrolero llegaría entre 2008 y 2009. El motivo de fondo es que hace quince años que no se descubre ningún yacimiento importante y la actividad exploratoria es menor a la que había hace dos décadas. En este contexto, las reservas de petróleo y gas sufrieron una fuerte caída. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, las reservas alcanzaban a fines de 2005 para cubrir 8,2 años de consumo. Un año antes, al 31 de diciembre de 2004, había crudo para 9,1 años. La situación en el gas es todavía peor: la baja fue de 10,2 años en 2004 a 8,6 años en 2005. Y los datos revelan que la tendencia a la caída de reservas que comenzó con la privatización petrolera no se detiene.
En otras actividades; los condominios del “Paraíso” se expanden en las más diversas actividades “empresarias”; revitalizándose la salida de divisas hacia el exterior de forma sostenida y la concentración de fondos públicos en muy pocos grupos económicos.
En los primeros 9 meses del año, las filiales locales de empresas extranjeras enviaron utilidades al exterior por 4.121 millones de dólares. Esto representa 1.256 millones de dólares más que los que remesaron a sus casas matrices durante 2005. Y profundiza una tendencia que se viene registrando en los últimos años.
Según datos oficiales, publicados en un reciente informe del INDEC sobre el balance de pagos, al tercer trimestre, el giro de utilidades y dividendos es uno de los que más está subiendo.

Tomando los últimos resúmenes de balances difundidos por consultoras del ámbito bursátil, puede observarse lo siguiente:
En el primer trimestre del ejercicio 2006/2007 finalizado el 30 de Septiembre del presente año, ALUAR obtuvo una ganancia de casi 130 millones de pesos, es decir; un 80 % más de utilidades que en igual período del ejercicio anterior.
En el caso de la empresa SIDERAR el resultado consolidado del período de 9 meses con cierre a Septiembre de 2006 mostró una ganancia neta de más de 1000 millones de pesos, monto superior en un 17 % al obtenido en igual lapso del ejercicio pasado.
En lo que va del presente año las ganancias de ACINDAR se incrementaron un 21,5 % alcanzando más de 500 millones de pesos.
En los primeros 9 meses del año, ALPARGATAS registró una ganancia neta de mas de 90 millones de pesos; equivalente a un incremento del 372 % en relación con lo obtenido un año atrás.
El insultante incremento de las ganancias netas de estos conglomerados empresarios, en gran parte se sustenta en los subsidios otorgados por el Estado Nacional, con los recursos generados por la totalidad del Pueblo Argentino; cuya mayoría, claro está, continúa habitando los territorios del “Infierno”.
Nada más que en el período 2004/2005, en virtud de la vigencia y aplicación de la ley 25924 de Promoción de Inversiones, que permite a las empresas obtener la devolución anticipada del IVA y Ganancias de activos y obras incluidas en los planes de inversión presentados al Gobierno Nacional; ALUAR que presentó proyectos por 1947 millones de pesos, recibió reembolsos por 689 millones; SIDERAR que invirtió 634 millones de pesos le dedujeron 137 millones; ACINDAR con 204 millones y 22 millones de devolución, SIDERCA con 176 millones en proyectos y 38 millones en reembolsos.
Los diez primeros proyectos aprobados en el marco de la ley 25924 alcanzaron al 96 % del total de los beneficios fiscales concedidos. Esto pone de manifiesto claramente la existencia y perdurabilidad de una alta concentración económica en materia de percepción de recursos públicos y nos remite a una cifra de 1100 millones de pesos en subsidios; de los cuales, el proyecto presentado por ALUAR concentró más del 62%.
Para ser claros; los habitantes del “Infierno” (millones de ciudadanos pobres e indigentes, los trabajadores ocupados, subocupados y desocupados, los jubilados, técnicos, profesionales, pequeños y medianos comerciantes y empresarios, pequeños productores agrícolas, etc.) subsidian a diario a aquellos sectores concentrados, que en poco y nada contribuyen al bienestar general y se mantienen atrincherados en los bochornosos privilegios que a buen resguardo disfrutan y acrecientan en los condominios del “Paraíso”.

“Infierno” y Recursos Naturales
Hacia 1869 el biólogo alemán Ernst Haeckel acuña el término “ecología” (ökologie), significando al estudio de las relaciones de los organismos con el ambiente, incluidas en sentido amplio todas las condiciones de existencia. “Ökologie”, se rescata y construye sobre la base del vocablo griego “oikos” que significa Patria, casa, residencia, lugar donde se habita y más aún, tener un hogar.
En su trabajo “Recursos Naturales: Una Interpretación y Propuesta”, de Agosto de 2006, el Ingeniero Guillermo Gallo Mendoza señala a los recursos naturales como: Elemento natural de los ecosistemas, cuyas cualidades le permiten satisfacer en forma directa o indirecta necesidades humanas. Su uso adecuado posibilita mantener el potencial productivo para las futuras generaciones. Los recursos naturales no son “libres”, existen en determinados territorios, en ciertos ecosistemas, con una historia determinada de ocupación de los mismos, relacionados con una cultura y formas de aprovechamiento. A través de patrones tecnológicos determinados son utilizados por sectores sociales específicos. Debido a estos aspectos, y al casi excluyente predominio de las relaciones mercantiles, para que un elemento natural pueda convertirse en recurso natural se requiere:

· Que las cualidades de los elementos naturales sean conocidas
· Que el manejo de los recursos, el aprovechamiento y la tecnología sean conocidas y que se introduzcan en el mercado
· Que los sectores sociales que tienen las necesidades puedan expresarse en los mercados, o tengan acceso directo a ellos
· Que las políticas económicas y de recursos posibiliten el proceso mencionado en los puntos anteriores.

Como puede inferirse, estos aspectos hacen a las determinaciones económicas, ecológicas y sociales que influyen en la utilización de los recursos.
Estos conceptos nos permiten dimensionar la centralidad que adquieren nuestros recursos naturales en el marco de la implementación de caminos que nos saquen del “infierno” y encauce en una nueva perspectiva de progreso y bienestar a una ostensible y concreta mayoría popular.
¿Cuáles son las políticas implementadas en la actualidad por el actual gobierno nacional?
En el plano de los recursos hidrocarburíferos, rige la plena vigencia de los decretos 1055, 1212 y 1589, dictados por el gobierno de Carlos Menem entre octubre y diciembre de 1989, en los marcos de la Ley de Reforma del Estado.
Como señala el amparo judicial recientemente presentado por el Dr. Félix Herrero, con el patrocinio letrado del Dr. Salvador María Lozada: estos decretos representan la matriz legal que posibilitó la privatización del sistema energético. Con el argumento de promover el desarrollo y ejecución de planes destinados a incrementar la producción nacional para asegurar el autoabastecimiento, el decreto 1055, redactado por el entonces ministro de Obras Públicas Roberto Dromi, autorizó el agrupamiento de zonas de explotación que registraban un reducido nivel de producción y habilitó la participación del capital privado.
La norma preveía la adjudicación de esas zonas, a través de un concurso público internacional, a las empresas que ofrecieran el mayor monto y no, por ejemplo, a quienes aseguraran mayores niveles de producción con técnicas de explotación capaces de preservar los recursos y el abastecimiento del mercado interno, requerimiento que, según sostienen los especialistas, hubiera permitido proteger las reservas. En las zonas donde YPF registraba un mayor nivel de producción, la norma propició, en cambio, la asociación con capitales privados.
Por su parte, el decreto 1212 liberó los precios en cada una de las etapas de comercialización posibilitando que los valores internacionales fueran tomados como referencia para el mercado interno. Además, transformó los contratos de locación en concesiones. Por último, el decreto 1589 estableció, entre otras cuestiones, la libre disponibilidad del 70 por ciento de las divisas generadas por la explotación.
La vigencia y aplicación de estos tres decretos, los cuales continúan rigiendo con leves modificaciones la política petrolera, son incompatibles con las normas específicas vigentes en el sector desde la década del ’60 y su inconstitucionalidad se tornó aún más palpable con la reforma de la Constitución de 1994, que introdujo la obligación de preservar y cuidar los recursos naturales y condena su explotación abusiva.

En cuanto a la utilización de los recursos mineros; el actual gobierno nacional aplica de forma tajante la Ley de Inversiones Mineras Nº 24.196 y Decreto Reglamentario Nº 2686/93, que brinda estabilidad fiscal por treinta (30) años a partir de la presentación del estudio de factibilidad, acompañada de un sistema de incentivos impositivos. Las provincias que adhieran al régimen no podrán cobrar en concepto de regalías un porcentaje superior al tres por ciento (3 %) sobre el valor boca mina del mineral extraído (es decir, no sobre el precio internacional). Hasta hoy solo Formosa no adhirió a la Ley, y solo seis provincias cobran regalías. En cambio, el reintegro en concepto de exportaciones va desde el 5 al 8%, pero sobre el precio internacional, por lo cual en realidad todas las provincias donde se realiza esta actividad pierden dinero.
El periodista Enrique Gil Ibarra en su trabajo “El Oro que no vemos”; nos informa:

Hace cuatro años el oro valía $225 dólares (la onza Troy/31,103475 gramos) y hoy está a $600 dólares, mientras que el sueldo de un minero promedio hace cuatro años era de 1.500 pesos, y hoy ese mismo minero gana 2.000 pesos. El valor del oro se ha triplicado, pero el costo salarial se ha reducido tres veces.

De acuerdo a la provincia, las mineras dejan entre un 2% y un 3% de regalías, no pagan IVA, no pagan impuestos al cheque, no pagan derechos de exportación ni importación, no pagan impuestos provinciales, ingresos brutos, impuesto a los sellos inmobiliarios rurales, etc.

Además, algunas cobran el subsidio que la ley les otorga por sacar sus productos por los puertos patagónicos. Por ejemplo, en el caso de la Minera Cerro Vanguardia en San Julián (Santa Cruz), en el 2004 ese reintegro era el 11%.

Ese año Cerro Vanguardia exportó 100 millones de dólares en oro, y le dejaron a la provincia el 2,5% de las regalías (2,5 millones). Fomicruz (Fomento Minero de Santa Cruz Sociedad del Estado) participa en un 7% en la empresa Cerro Vanguardia; por ello, de 100 millones, a la provincia le quedaron 9,5 millones. Pero por reintegro por los puertos patagónicos, se le pagó el 11% (11 millones).

Esto indica que la Bath Gold, empresa canadiense con capitales norteamericanos, de la que la familia Bush sería una de los principales accionistas, habría recibido de la provincia de Santa Cruz y del pueblo argentino 1,5 millones de dólares en el año 2004, ¡¡¡para que se lleven el oro!!!
¿Dónde está el desarrollo económico y social de la Argentina y fundamentalmente de regiones postergadas en su derecho al progreso y a la igualdad de oportunidades?

Política y Sistema Político

El liberalismo es una concepción global históricamente consolidada. En el marco del liberalismo; en el actual estadio de su devenir histórico, las sociedades actuales se comportan como sociedades en dos velocidades, como dos sociedades distintas una de la otra. Hay concentración de crecimiento en un sector; empobrecimiento sin límites en sectores sustantivos de la sociedad y hasta aniquilamiento selectivo de “población excedente”.

Esta dinámica de desarrollo y comportamiento de la globalización liberal, necesita un mercado que no puede pensarse sin relación a la ficción de un cierto “orden espontaneo”. Esto es: la ficción de la autocoordinación entre actores que persiguen determinados fines pero que, ni tienen intencionalidades ni deben desarrollar procesos de deliberación para producir dicho orden. Se trata de un orden normativo cuasi-natural, en tanto es resultado del desarrollo de la evolución cultural y social de la humanidad.

El concepto de “orden espontaneo” y abstracto auspiciado por el liberalismo entra en rotunda e insalvable contradicción con el funcionamiento de la democracia, aunque sea en su más mínima expresión; es decir, colisiona aún con ésta “democracia de baja intensidad”, ya que dicho orden no puede aceptar la sumisión de cualquier clase de procesos de deliberación.

Esta “democracia”; contradice al concepto de democracia sustantiva, y se ubica en lo que podemos llamar un régimen electoral o democrático procedimental, preocupado por establecer reglas y procedimientos que garanticen la gobernabilidad sistémica, excluyendo la participación protagónica popular. Es un régimen electoral construido en función del liberalismo, en donde la política no existe como lucha de alternativas, como historicidad; existe sólo como historia de pequeñas variaciones, ajustes, cambios en aspectos que no comprometen la dinámica global. Se vota pero no se elige.

Las transformaciones económicas producidas en el país durante las últimas décadas fueron acompañadas de fuertes transformaciones políticas. El régimen oligárquico-militar; y las sucesivas formaciones políticas en que se estructuró la dirigencia heredada en 1983 para gestionar el Estado Nacional; reordenó el lugar del Estado en la práctica política y a la práctica política misma, alterando sustancialmente los patrones de representatividades políticas y sociales.

La crisis de representación y legitimidad que tuviera lugar en Diciembre de 2001, no puede entenderse como un episodio circunstancial o aleatorio; ni mucho menos superado, más bien constituye el emergente caótico sistémico del ficcional “orden natural de las cosas”.

Diciembre de 2001 nos es sólo un punto de llegada; en cuanto a la culminación simbólica de un proceso histórico; también –y fundamentalmente- es el punto de partida, en un nuevo marco de situación nacional e internacional; con otras discusiones, otros preceptos, otros deseos, otras urgencias y necesidades. Sus efectos y consecuencias no han culminado; más bien transcurren.

La clase política argentina conformada desde el año 1983; fué asimilando la “función de gobierno” al concepto de “problemas de gobernabilidad”; los cuales surgen a partir de un exceso o inflación de las demandas del Pueblo ante el Estado. En la medida en que el Estado representa un orden institucionalizado, opera como factor de resolusión de los conflictos. En tal sentido se permite que el conflicto exista sólo en la medida en que acontece dentro de formas políticas que aseguren que no será un fenómeno universal y permanente.

La participación protagónica popular es imposible de concebir en el actual sistema político argentino. Y la “representación” que el mismo ofrece se reduce a la actividad corporativa de la masa de “los involucrados” en el poder de gestión de gobierno (independientemente de sus distintos ámbitos o facciones; centralidades o periferias; oficialistas u opositores); experimentando un proceso de “cartelización”, lo que determina su desmembramiento del seno de la sociedad y de sus necesidades mediatas e inmediatas. De allí la relación de subordinación (por momentos con extorsión mediante) entre los estamentos dirigenciales y el conjunto de la sociedad. Es que la polarización social del “infierno” profundiza la crisis de representación; mutilando de espíritu crítico a la masa crítica de un sistema político ya herido de muerte en cuanto a su eficacia para representar y administrar las aspiraciones y esperanzas de la mayoría popular (algo bien distinto a la “mayoría electoral” diseñada y promovida por el sistema político).

De forma tal; la discusión del poder se organiza a partir de una agenda política impuesta por un núcleo duro oligárquico transnacionalizado que se ha entronizado en las estructuras duras del Estado; demarcando una zona de exclusión inexpugnable a toda acción de gobierno o discusión democrática.

El desmontaje y la implosión de la “ética militante” edificada en los años sesenta, setenta y parte de los ochenta; de su propuesta política y de su proyecto de Liberación; deja un vacío profundo e inocultable en la cultura política argentina; rellenado vulgarmente mediante la impostura de una retórica impotente e impostora, bajo el piadoso manto de la “ética de la responsabilidad”.

“Ética de la responsabilidad”, que se traduce desde uno de sus significados; en la presunta validez de un conjunto de premisas y creencias, basadas sustancialmente en la infalibilidad de cierto conocimiento tecnocrático inmutable a toda discusión; que determina apriorísticamente una percepción de lo posible y lo imposible (relegando a planos secundarios lo justo o injusto, lo correcto o lo incorrecto; lo conveniente o inconveniente). Desde este temperamento; “lo político” pierde centralidad y se acopla a “la realidad” interviniendo subsidiariamente en la dinámica de su desarrollo.

Como consecuencia; la legitimidad para la “gobernabilidad” sólo puede sustentarse en el corto y mediano plazo; a propulsión de realidades virtuales fabricadas por estadísticas engañosas e “imágenes positivas” construidas en los laboratorios de los encuestadores. Pero como la realidad no puede moldearse desde los escritorios de prestidigitadores a sueldo; el sistema político termina por transformarse en una verdadera trituradora de expectativas y esperanzas populares sin solución de continuidad.

En esta perspectiva; un discurso político congruente y honesto con la real práctica histórico-política es prácticamente indecible (como alguien alguna vez dijo: “si decía lo que iba a hacer en el Gobierno, no me votaba nadie”) dejando a la intemperie pura retórica, lenguajes meramente enunciativos de discursos y hechos históricos de un país que ya no existe, y que a su vez no describen la realidad actual. La participación electoral se transforma en una especie de contrato de adhesión, un cheque en blanco; a fin de legitimar un sistema de representación y un poder de gestión que en los hechos, mas tarde o mas temprano, se vuelve en contra de la inmensa mayoría de la sociedad, expropiando su mandato.

Mas bien la realidad del “Infierno” nos indica que no existe evidencia o indicio alguno que permita afirmar con fundado optimismo que el actual momento organizativo de esta clase política heredada de la dictadura oligárquico-militar y emergente en 1983, no termine, mas tarde o más temprano, sumándose a la saga ingloriosa de los fracasos y epílogos catastróficos de sus antecesores.

Ciudad de Buenos Aires, 24 de Diciembre de 2006